Advierten crisis social si retornan migrantes; lamentan falta de recursos

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Si las autoridades migratorias del gobierno de Estados Unidos decidieran echar por Ciudad Juárez a los 10 mil migrantes que mantienen en sus centros de detención en El Paso, Texas, Chihuahua entraría en una severa crisis social, ya que no tiene recursos ni albergues para atenderlos.


Ayer, el alcalde de esta frontera, Armando Cabada, mostró su preocupación ante esta posibilidad, tras reconocer que el municipio de Ciudad Juárez, y ni siquiera el gobierno del estado, tiene los medios para atenderlos.


Entrevistado sobre la posibilidad de que 10 mil refugiados centroamericanos que buscan asilo político en Estados Unidos sean retornados por esta frontera, evidentemente preocupado, dijo a los medios locales: 


“Esperamos que no sea por Ciudad Juárez que se regresen a los 10 mil que han anunciado, espero no sea ciudad Juárez”.


De la misma manera, el representante del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, Mario Dena, reconoció que ni el estado ni el municipio tienen albergues para recibir a los migrantes que sean deportados, y que se tendrían que habilitar gimnasios y refugios temporales como ya se ha hecho en anteriores ocasiones.


Actualmente, ambas instancias oficiales tienen que apoyarse en una red de 14 albergues que pertenecen a iglesias o a asociaciones civiles.


En cuanto a recursos, Dena lamentó que el gobierno federal no les haya destinado los 10 millones 800 mil pesos de recursos que se destinaban normalmente para este problema, y recordó que cuentan solamente con tres millones de pesos que el estado destinó de manera urgente.


Por otra parte, en Chiapas, activistas proderechos de migrantes se manifestaron en las afueras de la subdelegación de la Fiscalía General de la República, en Tapachula, para exigir la libertad del dirigente de la Organización, Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica Arzate, y de Cristóbal Sánchez, por considerar que las acusaciones en su contra son falsas y que los testigos de cargo son falsos.


Ayer, los incriminados por los delitos de transportación de personas ilegales realizarían su declaración preparatoria ante un juez de control del ramo federal, por lo que en las afueras de la subdelegación de la FGR, con sede en Tapachula, compañeros e integrantes de la organización Pueblos Sin Fronteras.


Los inconformes rechazaron que Pueblos Sin Fronteras sea una organización que se dedique a reclutar migrantes en Centroamérica y organice las llamadas caravanas.


Dijeron que hace unos meses a Irineo Mujica le intentaron quemar su casa y su vehículo.


Fuente: Carlos Coria - Excélsior / Con información de Gaspar Romero

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