Las ilegalidades en el gobierno de Chiapas

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CONTRAPODER


Por José Adriano Anaya


La mejor oferta política que pudo haber ofrecido el gobierno de Rutilio Escandón es el de garantizar la legalidad, en donde todos sus actos se apegaran a la ley. Esto que es un principio de obligatoriedad en el Estado de derecho, en México y sobre todo en Chiapas no existe.


En los últimos días de diciembre el gobierno de Rutilio Escandón tomó dos decisiones contrarias a la ley, lo que significa que la llamada cuarta transformación, en Chiapas, no va a tener ninguna diferencia con los gobiernos que lo precedieron. 


La primera violación grave fue el sábado 29 de diciembre, a través de un acto de liberación de 142 presos sentenciados, bajo el soporte ilegal de una mesa de reconciliación que es inconstitucional e inconvencional.


Sólo en Chiapas existe el adefesio ilegal de la mesa de reconciliación, que ha permitido liberar a homicidas y secuestradores y en la cual hay indicios de negociaciones económicas para procurar la liberación, y peor aún, se señala que parte de esos recursos obtenidos permitió el financiamiento de una precampaña de cinco años que mantuvo Rutilio Escandón para gubernatura desde el puesto del presidente del tribunal de justicia.


Esa mesa de reconciliación es ilegal porque sólo un juez tiene facultades para liberar a un sentenciado y los jueces son autónomos y sus decisiones no pueden ser avasalladas por ningún instrumento, así esté enmascarado de “legalidad” e integrado por los tres poderes del Estado.


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