Editorial

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Existen dos factores que han retrasado el conteo de votos en Chiapas.

El primero es la violencia que impidió el transcurso normal de la jornada electoral y, el segundo, la probada ineficiencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.


En el primer caso, la ausencia de autoridad en el desarrollo de las votaciones, permitió una serie de anomalías posibles gracias a la falta de control por parte de las autoridades que deberían haber garantizado la paz en ese día.


No fue así y ahora se ha entorpecido la entrega de resultados a los ciudadanos, lo cual constituye un elemento de incertidumbre electoral.


En el segundo caso, el IEPC, formado por personas dispuestas a la obediencia al gobierno, titubean para entregar lo que ya debería estar resuelto, pero temen causar un disgusto al gobernador. Esto no es nuevo. 


Chiapas ha padecido la falta de autonomía de los organismos autónomos, ironía que genera la injerencia de distintos intereses en detrimento del autogobierno de instituciones de gran importancia para la sociedad. 


No hemos avanzado ni un milímetro en el ejercicio de la autonomía y los resultados siempre son contrarios a lo que se espera. Es igual en el caso de las universidades, donde los rectores, totalmente ineptos para los cargos que desempeñan, son impuestos desde el Palacio de Gobierno, desde siempre, como si se tratara de un puesto político que legalmente debería manejar el mandatario en turno.


Lejos estamos de recuperar el autogobierno de las entidades autónomas, que lo son por ley, pero es precisamente la ley lo que más se quebranta, aunque desde el discurso siempre se aluda al “estado de derecho” como una realidad que protege a todos los chiapanecos.


Es una realidad inexistente, pero muy presente en la palabrería política que sigue engañando a millones diariamente.